Brian Tack
El 4 de agosto surgió una discusión sobre una iniciativa legislativa propuesta por la diputada del PRD, Cenobia Vargas, que tenia como objetivo que las niñas que fueron victimas de delito sexual reciban un subsidio por parte del Estado. La propuesta estipula que las niñas a partir de los 12 años a través del programa “Mi resguardo”, reciban un subsidio de $75 mensuales hasta la edad de 18 años. Cenobia Vargas afirmó ante los medios que el subsidio podría otorgarse trimestralmente por medio del Ministerio de Desarrollo Social.
El proyecto adicionalmente en su artículo 2, exige que los pederastas que hayan sido condenados de delitos sexuales, después de cumplida la pena, deberán registra su domicilio en la Dirección Nacional de Información Judicial del centro penal, para que no pueda estar a menos de 500 metros de centros educativos, CAIPI y parques recreativos.
En el artículo 3 del anteproyecto de ley, La Dirección Nacional de Información Judicial por su cuenta, realizaría un informe que remitiría al MIDES, conteniendo los siguientes datos:
1. Fotografía del pederasta
2. Número de Cédula
3. Dirección de residencia, corregimiento, comunidad, número de casa, número de calle.
4. Teléfono del responsable del pederasta.
5. Número de placa si tiene vehículo.
El artículo 4 expresa que el pederasta deberá notificar a la trabajadora social de la Senniaf en el caso que cambiará de residencia, en caso de no hacer la notificación correspondiera, la persona seria penada con días multa.
Diversas opiniones se alzaron de parte de una multitud de individuos y de grupos organizados que encontraban insultante el subsidio de $75 para las niñas menores de edad ya que estas quedan embarazadas. Diversas publicaciones en redes sociales con el mensaje “Son niñas, no madres” se visualizaban. Ante el escrutinio nacional, la diputada Cenobia Vargas expreso que eliminaba el artículo 1 que establecía el subsidio, además de realizar una revisión completa del anteproyecto.