Eustorgio A. Domínguez D.
Por lo general este es el tipo de temas que me gusta evitar y dejar a un lado, especialmente por lo sensitivos que tienden a ser y lo mal que pueden llegar a ser interpretados, sin embargo, en base a los últimos sucesos que se han dado en mi país, me veo en la necesidad de hacer una breve reflexión sobre las denuncias de abuso policial.
En la mañana de hoy, jueves 17 de diciembre, a 3 días del 20 de diciembre, fecha en la que se conmemoran 31 años de la invasión militar que le puso fin al régimen de Manuel Antonio Noriega, me despierto con la noticia de que el día de ayer unidades de la Policía Nacional incurrieron en lo que parecer ser una serie de abusos, llegando en un punto a incluso hablarse de abuso sexual, claro está que todo este tema debe seguir una investigación y en consecuencia, seguirse el debido proceso e intentar sacar a la luz al menos la verdad procesal de los hechos. Pero eso no quiere decir que no podemos opinar en abstracto sobre el tema, es decir, sobre el abuso policial en general.
Como todos sabemos, nuestro país por más de 20 años fue objeto de un régimen militar en donde las vulneraciones a los derechos humanos fueron constantes, un ejemplo de ello, son la serie de desapariciones forzadas que se produjeron durante la dictadura militar, por mencionar algunos casos, está el de Heliodoro Portugal, que incluso fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, dando como resultado que Panamá fuera condenada por la desaparición del Señor Portugal, entre otras violaciones a los derechos humanos[1]. Igual situación se dio con la desaparición del padre Héctor Gallego[2].
Menciono esos casos de desaparición forzada porque son la muestra del flagelo que ha tenido el abuso policial en nuestro país, en esos casos, auspiciado de manera directa por parte de la autoridad. Lamentablemente la historia de Latinoamérica siempre ha estado plagada de constantes abusos hacia el pueblo y por lo general, son siempre durante manifestaciones pacíficas, si pudiéramos saber la cifra real de los casos de abuso policial que han sucedido en nuestra región, posiblemente dudaríamos más todavía si quienes salen a la calle bajo el lema de “Proteger y Servir”, en verdad lo hacen. La experiencia nos muestra que dentro de las filas de los cuerpos de seguridad del Estado, tenemos individuos que no están preparados física ni mentalmente para poder cumplir el lema antes mencionado, en muchos casos, unidades sin educación, sin conocimiento de los derechos que revisten a todo ciudadano y lo peor de todo, en algunos casos, iguales o peores que muchos de los delincuentes que dicen perseguir. Desde hace años se ha pedido a gritos que se produzca una reforma integral de los cuerpos de seguridad del Estado, la corrupción, la no preparación y desconocimiento latente que tienen muchas unidades en el manejo de emociones y situaciones, las convierten en verdaderos peones para la consumación de abusos y la vulneración de las garantías fundamentales y derechos humanos que revisten a toda persona.
Las declaraciones vertidas por el Director de la Policía Nacional son lamentables, no se puede justificar una agresión física por parte de una unidad policial que juró “Proteger y Servir” como una “reacción humana”. Independientemente de si la unidad policial hubiera sido agredida o no, nunca la respuesta de un miembro de los cuerpos de seguridad del Estado debe ser responder en consecuencia a la agresión, se autoriza el uso de la fuerza, sí, pero para reducir al atacante, nunca para agarrarse a puñetazos, esa puede ser la reacción de cualquier ciudadano, pero no la de un miembro de la Policía Nacional, pues se supone que están preparados para el manejo de emociones y situaciones.
Permitir que los casos de abuso queden en la impunidad, lo único que provoca es que las unidades tengan el mensaje de que el abuso es permitido, de que el abuso es parte de su actuar, de que el abuso paga y que además de ello, está respaldado por el Estado, en otras palabras, el abuso se institucionaliza.
No imponer las sanciones y penas aplicables por abuso policial es un atentado contra el orden constitucional y el Estado de Derecho de un país. Deben darse las investigaciones correspondientes, pero si de algo hay que estar seguro, es que no hay “reacción humana” que valga para justificar el mal actuar de una unidad policial durante el desempeño de sus funciones, la sanción debe ser ejemplar y la reforma integral de la Policía Nacional debe ser una prioridad, de lo contrario, el Estado de Derecho se va a socavar todavía más y los abusos y la impunidad son los que van a reinar.
No hablamos de una tontería, hablamos de derechos humanos.
Fuentes
1-Corte IDH. (Sentencia de 12 de agosto de 2008). Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
2-Guevara Mann, Carlos. (8 de junio de 2020). En recuerdo del padre Héctor Gallego. La Prensa. https://www.prensa.com/judiciales/en-recuerdo-del-padre-hector-gallego/