Eustorgio Domínguez
Durante los últimos meses ha surgido una preocupación por parte de aquellos que se encuentran atentos al tema de los Derechos Humanos, en relación a los centros penitenciarios, pues para nadie es una sorpresa que en Latinoamérica y especialmente en nuestra región centroamericana, estos sean lugares prácticamente olvidados por la sociedad y los Estados, situación, que al menos en el caso panameño es lamentable, pues es muy contradictorio con lo establecido en el artículo 28 de nuestra Constitución cuando se habla de que los fines del sistema penitenciario son la “seguridad”, “rehabilitación” y “defensa social” y aún más discordantes cuando nos vamos a la normativa penal.
Si bien el tema de los detenidos es un tema polémico, pues no son pocas las personas que tienen una opinión mucho más “castigadora”, con respecto al trato que se le tiene que dar a los mismos, ello no debe convertirse en una excusa para ignorar los deberes que mandata la Constitución, pero ante todo, las obligaciones que nos manda el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, pues Panamá es signataria de una diversidad de Convenciones y Declaraciones que nos exigen cumplir con el trato digno a los detenidos, una de ellas, es la Convención Americana de los Derechos Humanos, la cual ratificamos en 1978. En la Convención podemos encontrar en su artículo 5.6 que las penas privativas de la libertad tendrán la finalidad de la “reforma” y la “readaptación”, palabras que es muy difícil verlas transformadas en realidad.
Entiendo el argumento de que fueron delincuentes y que por esos delitos deben recibir un castigo, eso no hay ni qué dudarlo, pero ese argumento no debe convertirse en la razón para vulnerar derechos humanos, fueron condenados a penas privativas de la libertad, no a recibir malos tratos, no a ser masacrados, no a vivir en la precariedad absoluta, pero ante todo, no fueron condenados para ver afectada su dignidad inherente, entiendo que fuesen delincuentes, entiendo que sean detenidos, pero antes que todo eso, son personas, individuos que posiblemente no recibieron una educación, que no fueron respetados, que fueron absorbidos por su entorno, pero que ante todo, en la mayoría de las ocasiones no tuvieron ninguna oportunidad que los alejara del camino delincuencial.
Considero que es momento de un cambio de paradigma, no podemos seguir como una sociedad que sólo se basa en el castigo, debemos ser una sociedad basada en la rehabilitación, readaptación y reinserción de los detenidos al país, con el fin de que sean útiles en cada una de sus comunidades, que más allá de ser personas rehabilitadas, sean entes comunitarios de cambio, que propicien en cada uno de sus barrios la educación, el deporte, la cultura, pero que ante todo sean entes multiplicadores de valores, que sean el ejemplo vivo para los niños de su comunidad de que cuando te propones cambiar, es posible. Esos cambios que pueden parecer casi “utópicos”, creo que son posibles, pero posibles cuando el Estado se enfoque en crear espacios de readaptación en los centros penitenciarios y no en propiciar una política criminal de “confrontación” y del “enemigo”, lo que sólo lleva a crear individuos frustrados con la sociedad y que en lugar de readaptarse, lo que obtienen es un “Doctorado en delincuencia”, porque lamentablemente eso es lo que sale en gran medida de nuestras cárceles, expertos en delinquir.
Sólo cuando el Estado deje de ver a los detenidos como enemigos y empiece a verlos como personas con errores en el camino y que además de un castigo se merecen una oportunidad, sólo en ese momento avanzaremos como sociedad.